Gedesco ante la justicia: El empuje de JZI



En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una compañía especializada en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, autores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las bridas de la gestión de la firma valenciana una vez que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se originó en el mes de marzo de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente vinculada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva demanda en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.

Esta segunda querella, que también supone a José Luis Villafranca, actual integrante del consejo de Gedesco, y a tres compañías bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de emplear la estructura de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La querella detalla de qué forma, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados siguieron tomando resoluciones importantes, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Inversionistas y cesar a estos ejecutivos fueron de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.

Este enfrentamiento no solamente se prolonga por dos jurisdicciones, con pleitos tanto en USA como en España, sino también revela una trama compleja de discusiones legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en La capital española de mover uno de estas situaciones a Valencia y el posterior fichero de la causa por falta de indicios de delito añade otra cubierta a este entramado legal.

Esta situación ilustra no solo las complejidades de Gran post para leer las relaciones entre inversores y directivos dentro del planeta corporativo, sino más bien también las dificultades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los retos que enfrentan los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una gestión transparente y ética en las empresas..

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